Policía municipal
Uno. Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno, de acuerdo con la Constitución Española y con este Estatuto, que es su norma institucional básica.
Segundo. La Comunidad Autónoma, a través de las instituciones democráticas, asume como tarea principal la defensa de la identidad de Galicia y de sus intereses y el fomento de la solidaridad entre todos los que integran el pueblo gallego.
Uno. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia.
Dos. Como gallegos, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Galicia y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. También disfrutarán de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado.
La policía francesa
PREPARE llevó a cabo nueve actividades locales destinadas a reforzar las capacidades de las autoridades locales y regionales en materia de prevención de la radicalización en la libertad condicional y la excarcelación y de apoyo a la reinserción de los delincuentes radicalizados. Son el resultado de un intenso intercambio y cooperación entre parejas o pequeños grupos de socios, entre los que se encuentran las autoridades locales asociadas y las ONGs y expertos colaboradores del proyecto, que participaron en la coproducción de estas estrategias innovadoras. Los proyectos locales abarcan desde programas de formación hasta mesas redondas interinstitucionales y el desarrollo de protocolos de gestión de casos. Las siguientes presentaciones incluyen una descripción de las acciones, así como información sobre las lecciones aprendidas y las perspectivas de futuro.
El municipio de Aviñón trabajó conjuntamente con la Fundación Actuar contra la Exclusión (Fondation Agir Contre l’Exclusion, FACE) para buscar formas de ayudar mejor a los delincuentes que salen de la cárcel y que se consideran en riesgo de radicalización. El objetivo principal era fomentar una cooperación más estrecha entre el municipio y las partes interesadas locales y regionales en el ámbito de la prevención de la radicalización, lo que el municipio logró mediante la organización de grupos de trabajo conjuntos. Avignon ha decidido centrarse en los jóvenes delincuentes con riesgo de radicalización y está cooperando con el Servicio de Protección Judicial de la Juventud (PJJ) y otros servicios encargados de la protección de los jóvenes.
La policía de EE.UU.
A nivel local, todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley colaboran estrechamente y, en asuntos graves, suelen estar bajo la dirección de un juez de instrucción. La política operativa y las grandes intervenciones se coordinan a nivel nacional bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Los reyes medievales de León, Castilla y Aragón eran a menudo incapaces de mantener la paz pública, por lo que en el siglo XII empezaron a surgir ligas municipales de protección contra los bandidos y otros delincuentes rurales, así como contra la nobleza sin ley o movilizada para apoyar a un pretendiente a la corona. Estas organizaciones eran temporales a título individual, pero se convirtieron en un elemento fijo de España durante mucho tiempo[1].
El primer caso registrado de formación de una hermandad se produjo cuando las ciudades y el campesinado del norte se unieron para vigilar el camino de Santiago en Galicia y proteger a los peregrinos, una importante fuente de ingresos regional, contra los caballeros ladrones. Con el campo prácticamente en manos de los nobles, a lo largo de la Alta Edad Media estas hermandades se formaron con frecuencia por leguas de ciudades para proteger los caminos que las conectaban. Las hermandades fueron cooptadas ocasionalmente con fines dinásticos. Actuaban en cierta medida como las cortes fehmistas de Alemania. Entre las más poderosas estaba la liga de los puertos del norte de Castilla y de Euskadi, la Hermandad de las Marismas: Toledo, Talavera y Villa Real.
La policía italiana
El 22 de enero de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objetivo es prevenir la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas por parte de un organismo internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra) a los lugares de privación involuntaria de libertad y a través de mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Tras la firma por parte de España del citado Protocolo Facultativo, el Parlamento español decidió a finales de 2009 asignar la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) al Defensor del Pueblo español, a través de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Desde el inicio de su labor como mecanismo de defensa y protección de los Derechos Fundamentales, esta institución ha trabajado para prevenir la tortura. Como organismo independiente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España, lleva a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención involuntaria y de privación de libertad con el objetivo de prevenir la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes.
