Ley del suelo de galicia 2002

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La unión civil entre personas del mismo o distinto sexo en España tiene la particularidad de que NO existe una ley de parejas de hecho a nivel estatal. Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas, también aquellas que no tienen un derecho civil foral o especial propio, han regulado las parejas de hecho desde una perspectiva no estrictamente administrativa.

2.1. En España hay Comunidades que no tienen derecho civil foral o especial propio, como Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, Cantabria y Murcia, pero que han regulado en leyes autonómicas para su región (comunidad autónoma) los efectos civiles del cese de la convivencia more uxorio:

– Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de MADRID, de la pareja de hecho. Esta ley contemplaba un régimen económico de convivencia en defecto de pacto (artículo 4.2) que ha sido declarado inconstitucional por falta de competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de legislación civil (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 81/2013, de 11 de abril de 2013).

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El monte comunal de Froxán es un terreno comunitario de 100 hectáreas (1km2) que cuidan directamente las familias que viven en esta aldea del municipio gallego de Lousame, cuyas raíces comunes se remontan siglos atrás. A pesar de la influencia de especies invasoras, el territorio de la comunidad incluye varios hábitats naturales prioritarios según la Directiva de Hábitats de la UE (incluidos bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, brezales húmedos atlánticos templados con Erica ciliaris y Erica tetralix y matorrales arborescentes con Laurus nobilis) y otros hábitats naturales como robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica, y cuevas con numerosas colonias de murciélagos.

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Los habitantes de Froxán extinguieron colectivamente los vínculos señoriales en 1928, comprando las tierras por la suma de 6.049 pesetas. Sin embargo, este acuerdo de “redención señorial” no fue respetado por el Estado, que se apoderó de las tierras comunales, incorporándolas al Catálogo de Montes Públicos en las décadas de 1930 y 1940. Esto restringió gravemente los derechos tradicionales de uso y, en particular, el silvopastoreo comunal. Las tierras se entregaron a las empresas mineras, que tenían concesiones sobre el territorio comunal, y al Servicio Forestal del Estado, que estableció sus propias plantaciones prohibiendo las prácticas silvopastoriles e imponiendo fuertes multas a los comuneros. Las actividades mineras produjeron una grave degradación medioambiental y disputas por la tierra que continúan hoy en día. En la misma época se introdujeron especies forestales invasoras, como la acacia y el eucalipto, y hábitats importantes, como los humedales de turba, sufrieron daños por el drenaje forzoso.

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Buscando algunas pistas con las que responder a esas preguntas, este artículo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se ofrecen algunas aclaraciones conceptuales y se analiza la cambiante categorización del concepto de tierras comunes a lo largo del tiempo. A continuación, en la Sección 3, analizamos los problemas para cuantificar los bienes comunes y mostramos su distribución espacial en el siglo XX, en un intento de encontrar las claves de un panorama de diversidad. En la Sección 4, nos centramos en los principales cambios en el uso de los bienes comunes y su regulación. Por último, en la Sección 5 presentamos algunas observaciones finales.

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Finalmente, en la Ley Municipal de 1985, los bienes comunes se definen como “aquellos cuyo uso corresponde al común de los vecinos”, es decir, son una “singularidad específica” en la que la titularidad corresponde al municipio y su uso y disfrute a los vecinos,11 de forma gratuita o mediante el pago de un canon anual para compensar los gastos ocasionados estrictamente por su custodia, mantenimiento y administración. Una vez más, esta definición sólo se utilizó en contadas ocasiones, ya que muchos municipios arrendaron sus pastos y bosques a particulares o empresas. La distinción entre las dos categorías de bienes era amorfa y favorecía la conversión de bienes comunales en bienes patrimoniales (Pérez-Soba y Solá-Martín 2004, 189-192).

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El objetivo principal de esta investigación es el análisis de la dinámica del paisaje agrario tradicional de agras en la comunidad gallega con el fin de aportar datos sobre su valor histórico-cultural, distribución espacio-temporal, así como su dinámica de evolución reciente, que nos permita reflexionar sobre su persistencia y sus perspectivas de conservación.

Con el nombre de agra o agro se designa una manzana o conjunto de parcelas cultivadas con un vallado perimetral y que se dividía en parcelas dentro de leiras o abiertas. En determinadas zonas de Galicia, también tienen otros nombres locales como “veiga”, “praza”, “vilar”, “chousa” y “barbeito”.

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Calvo Iglesias, M. S. (2005):  Caracterización y dinámica de paisajes culturales con SIG y teledetección para la planificación y gestión. Aplicación en un área del norte de la provincia de Lugo (NO de España). Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.

Fernández Martínez, G. (2002): “Economía rural y agraria en Galicia: Rasgos y problemas más relevantes”, en Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación <http://www.libroblancoagricultura.com>

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