Ciudad de México prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso
abarca cuestiones comunes de las leyes y reglamentos sobre medio ambiente y cambio climático -incluida la política medioambiental y su aplicación, los permisos medioambientales, los residuos, las responsabilidades, entre otros- en 18 jurisdicciones.
Estos artículos establecen el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y al acceso al agua, al desarrollo sostenible y a la subordinación de la propiedad privada y la explotación de los recursos naturales al interés común.
Para cumplir con este fin, la política ambiental -como se señala en la principal ley ambiental de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”), está orientada a mantener la viabilidad de los ecosistemas, asegurando su explotación racional, su preservación y/o restauración, así como la compensación por daños ambientales.
La administración y aplicación de la política y la legislación ambiental está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que cuenta con una serie de organismos descentralizados que, si bien están adscritos a la Secretaría, conservan cierto grado de independencia y capacidad de acción, a saber:
Basurero de SOGAMA pasando por Pontevedra
En zonas densamente pobladas y urbanizadas del continente europeo, existen muchas alternativas para la gestión de este tipo de residuos [2-4] pero también en otros continentes, donde la densidad de población es mucho mayor y el establecimiento de medidas urgentes se convierte en una labor imprescindible para evitar impactos negativos sobre el medio ambiente o la salud humana derivados de los residuos domésticos [5-7]. Pero también es necesario llevar a cabo actuaciones en zonas rurales o semirurales donde la gestión de los residuos domésticos debe adaptarse en función de las necesidades de cada zona para que se puedan alcanzar los objetivos establecidos por la normativa en condiciones ambientales y económicas viables. En España, el 23% de la población vive en zonas rurales, según la población residente, y las particularidades de cada zona dificultan la correcta gestión de los residuos municipales [8].
La ley española 22/2011 de residuos y suelos contaminados [9], que transpone la Directiva Europea 2008/98/CE, establece el objetivo de que, antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y al reciclado para papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones se incremente hasta un mínimo global del 50% en peso. Esta legislación establece una jerarquía de residuos con el siguiente orden de mayor a menor prioridad:
Recetas
En el caso de España, por ejemplo, se han separado los códigos CER correspondientes a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que deberán identificarse mediante un código de ocho cifras ( Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
La entrada y salida de residuos del territorio nacional y el tránsito por dicho territorio se regulará por lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.
En los traslados de residuos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 , deban ir acompañados del documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento, el organizador del traslado deberá aportar dicho documento:
El transporte de residuos de una Comunidad Autónoma a otra se regula en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de suelos y residuos contaminados y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio nacional.
NOA GARCÍA Periodista y Presentadora 2018
El Parlamento de Galicia aprobó, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2000, la remisión a las Cortes Generales de la propuesta de Declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que incluía los archipiélagos de las islas Cíes, Ons y Salvora.
La protección de estos archipiélagos se inició en la década de los ochenta mediante la declaración, a través del Real Decreto 2497/1980, del Parque Natural de las Islas Cíes por sus singulares características de flora, fauna y paisaje. Posteriormente, la Junta de Galicia elaboró el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas, aprobado por Decreto 274/1999, de 21 de octubre, en el que además de las Islas Cíes se incluyeron los archipiélagos de Ons y Salvora, con el fin de preservar la integridad de los ecosistemas presentes en estas islas.
Por otra parte, la existencia de valores naturales, culturales y etnográficos de gran interés en el archipiélago de Cortegada, situado en la ría de Arosa, puesta de manifiesto en el proceso de elaboración del Plan de Recursos Naturales de este espacio natural, aconseja la ampliación de los límites propuestos para incluir dicho archipiélago en el Parque Nacional.
